La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) nuclea a empresarios del sector donde la preocupación aumenta frente al repetido anuncio del gobierno nacional de dejar de financiar e interrumpir obras públicas. Esto llevó a que la Cámara a través de su Consejo declarara el Estado de Emergencia para advertir por el futuro de 1.400 empresas y 200.000 empleos.
Como parte de la declaración, los empresarios solicitan al gobierno «una solución en brevísimo plazo a los problemas planteados«. De persisitir esta situación, señalan, podría generar efectos irreversibles en un sector que emplea más de 500 mil empleos directos.
La amenaza concreta para los empresarios del sector es la pérdida de capital humano capacitado durante mucho tiempo, así como la inversión en maquinarias. De continuar esta situación llevaría al quebranto de muchas empresas, señalaron.
«En todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente» señalaron en la declaración. La gravedad de la situación es tal que calcularon en apenas unas semanas la posibilidad de que los empresarios sigan sosteniendo sus estructuras productivas.
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(Camarco – 1/2/2024)
Declaración de Estado de Emergencia
No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses.
Este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica.
El país todo vive un estado de emergencia económica y social. Esa emergencia ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023 agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos.
En todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones.
Por ello, el Consejo Federal declaró el Estado de Emergencia en todo el país e instruyó a las autoridades de la Institución a nivel nacional y de las distintas Delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, en brevísimo plazo, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda.
Asimismo, instó a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector.
Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos.
