El oficialismo de la Cámara de Diputados realiza cambios en el proyecto de presupuesto para 2023 presentado por el Poder Ejecutivo. Una de las claves del proyecto es que realizaba diversos recortes en áreas sensibles como educación, programas sociales y salud que ahora parecen revertirse. A la vez, el presupuesto debe cumplir con lo acordado por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional que exige la reducción de la inversión del Estado para «disminuir» el déficit público. Uno de los cambios que realizó el oficialismo es incorporar un artículo para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias. De manera insólita son los únicos trabajadores en nuestro país que ganan altos salarios y no tienen el deber de tributar ese impuesto. Esto permitiría recaudar $237.000 millones, pero no es seguro que pueda aprobarse.
Quien incorporó la solicitud fue el secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos) para modificar «la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales».
El tema tiene una historia particular. En 2017 hubo una ley que dispuso que los jueces que ingresaran al Poder Judicial desde ese año pagaran Ganancias, pero como en muchas ocasiones, el propio Poder Judicial dictó medidas cautelares que suspendieron la aplicación de esa normativa y en los hechos son pocos los jueces que lo hacen.
El artículo incorporado, informó la agencia Télam, ahora fija que «en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones«.
Con respecto a las estimaciones de dinero, significa que son 129 mil millones de pesos los que se pierden porque los jueces no pagan Ganancias. Y el año próximo esta suma ascenderá a 237 mil millones.
Casaretto explicó que actualmente, y por la modificación de los topes, los trabajadores de cualquier otra categoría pagan el impuesto a las ganancias cuando ganan más de $ 330.000. Y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, «que ganan $ 1.000.000 o $ 2.000.000 mensuales, no lo pagan«, señaló.
Casaretto señaló además que en muchos casos se escudan en la independencia del Poder Judicial para no hacerlo dado que mientras ejercen el cargo no pueden desarrollar actividad privada.
Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que conduce Julio Piumato declararon el estado de «alerta y movilización» para rechazar «la propuesta de que los trabajadores de la actividad abonen el mal llamado Impuesto a las Ganancias, ya que el salario no es ganancia», confirmó la agencia de noticias pública.
Piumato sostuvo que «el problema de la Argentina no son los trabajadores ni quienes abonan Ganancias sino la usura financiera que saquea la riqueza y el futuro».
Argumentos
El diputado Casaretto recordó que la medida de no pagar el impuesto por parte de los miembros del Poder Judicial entró en vigencia en época del primer golpe de Estado, el que derrocó al presidente radical Hipóito Yrigoyen en 1930: «cuando la Corte Suprema de entonces, que había declarado constitucional el Golpe de Estado de 1930, había resuelto que tenía que pagarlo toda la sociedad, menos ellos».
En una breve historia del tema, explicó que cambió en la década del ’70 cuando «se dispuso que estuvieran exentos tres ítems: jueces, legisladores y jueces y legisladores jubilados». Y que en 1996 el Congreso derogó esos tres artículos el 26 de marzo de marzo y que dos semanas después, el 11 de abril los miembros de la Corte «firman una acordada por la cual declaran inaplicable esa ley». Con esa medida, solo los jueces (y los jueces jubilados) quedaron exentos de pagar, no así los legisladores y los miembros del Poder Ejecutivo.
Esto volvió a discutirse en 2016 cuando se aprobó la ley que acordó que solo se aplicara a quienes fueran designados en 2017 en adelante, pero una cautelar suspendió la aplicación. En 2018 se volvió a tener la mayoría necesaria para tratarlo en la Camara de Diputados, pero el entonces presidente del cuerpo, Emilio Monzó decidió excluirlo del temario, indicó Casaretto.
«Dos semanas después la Corte falló, rechazó las cautelares y mandó a pagar a los jueces que no lo habían hecho, por lo que, durante casi dos años no habían cumplido la ley, y allí lo empezaron a hacer», añadió.
El diputado oficialista también aclaró que «un tiempo después hubo otra acordada por la que fijaron que solo debían pagar por alguno de los códigos de sus ingresos y no por la totalidad; o sea que hoy paga solo una parte de los jueces, y paga solo por una parte de sus remuneraciones y no por las otras»
En ese sentido, advirtió: «Nunca una acordada pudo modificar una ley; si esto fue un consentimiento a una serie de actividades irregulares de los poderes judiciales, porque está la acordada de la Corte Suprema, pero cada superior tribunal de Justicia de cada una de las provincias, sacaron resoluciones administrativas y se autoconcedieron el beneficio».
«Durante años la AFIP no dijo nada y los poderes ejecutivos nacionales tampoco, en un acuerdo espurio que durante muchos años hubo con sectores de la Justicia; y esto también es parte de la historia», remarcó.
