Por Laura Pomilio – Agencia Télam
Varios procedimientos judiciales se encuentran actualmente en etapa de instrucción en varias provincias para que lleguen a desarrollarse los juicios por la verdad impulsados por organismos de derechos humanos, descendientes y familiares y amigos de víctimas de crímenes perpetrados por distintas fuerzas del Estado argentino para que sean declarados delitos de lesa humanidad.
Uno de los factores comunes que atraviesa a estos procesos es que los crímenes a juzgar se cometieron entre 67 y hasta 136 años atrás, por lo que los principales responsables de estos delitos ya han fallecido.
Sin embargo, las familias de las víctimas y la sociedad están en su derecho de exigir al Estado una respuesta que eche luz sobre cómo se dieron verdaderamente estos hechos que forman parte de la historia argentina y reivindicar la memoria de las víctimas que fueron invisibilizadas por décadas.
«Los juicios por la verdad son muy importantes porque permiten saldar una deuda de nuestra sociedad sobre cómo se han caracterizado ciertos acontecimientos históricos de nuestro país por lo que es importantísimo que el Estado brinde un espacio en el marco del debido proceso para reconstruir qué fue lo que pasó, qué delito implicaba y que se dicte en el marco de la sentencia qué reparaciones a partir de ahí se deben realizar«, dijo a Télam el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
La secretaría encabezada por Pietragalla es querellante en varios de los procesos que se realizan e inclusive ha reclamado el inicio de un nuevo juicio por la verdad a través de un escrito presentado el 15 de junio ante el juzgado federal 6 de CABA para que se investiguen como crímenes de lesa humanidad los bombardeos a la Plaza de Mayo perpetrados en 1955 que dejaron un saldo de más de 300 personas asesinadas y más de 1.200 heridos.
«Es una exigencia de la sociedad, de los descendientes, de los sobrevivientes que esperan que el Estado finalmente dé una respuesta sobre qué fue lo que pasó y qué significa en términos penales para dar una verdad histórica y que, a su vez, se establezcan en cada uno de los casos una serie de reparaciones que ayuden a seguir construyendo memoria«, consideró Pietragalla sobre el impulso que se está dando a los juicios por la verdad.
En este sentido, el funcionario destacó que el juicio de la verdad por la masacre de Napalpí que se realizó entre abril y mayo de 2022 -primer debate oral sobre el genocidio cometido por el Estado Argentino contra los pueblos indígenas- fue un caso histórico que «claramente marcó un antes y un después«.
Gracias al testimonio de sobrevivientes, descendientes, especialistas e investigadores se pudieron conocer los hechos acontecidos ese 19 de julio de 1924 -cuando un centenar de policías, gendarmes y colonos fusilaron a unos 400 miembros de pueblos indígenas que reclamaban por condiciones de vida dignas- y fueron condenados con un fallo inédito como delitos de lesa humanidad.
«Es un ejemplo a seguir que se advierte en los otros procesos que se están abriendo e impulsando en el resto del país de masacres indígenas y no indígenas de los últimos más de 100 años de nuestra historia«, evaluó Pietragalla.
En coincidencia, Evita Morales, presidenta de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín, expresó a esta agencia que el fallo de Napalpí fue lo que los motivó a impulsar junto a familiares de víctimas de los fusilamientos en los basurales de José León Suárez de junio de 1956 bajo la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, a «iniciar ese mismo camino en búsqueda de verdad para que no queden impunes estos hechos aberrantes».
«Tomamos el fallo ejemplar de Napalpí para que también se sepa públicamente lo que pasó con nuestros militantes populares brutalmente asesinados en 1956, que sean juzgados como crímenes de lesa humanidad y para que no se les niegue a las generaciones, presentes y futuras, la verdad de la historia como nos la han negado a nosotros por tantos años«, enfatizó Morales.
La jueza federal de San Martín Alicia Vence dio inicio a la etapa de instrucción de este juicio a principios de junio, ya lleva desarrolladas varias audiencias testimoniales con familiares de víctimas y se espera que en esta segunda etapa del año pueda comenzar el juicio oral y público.
En tanto, la justicia federal de Santa Cruz inició el 13 de julio la etapa de declaraciones testimoniales en el marco de la investigación penal que se lleva adelante para investigar los fusilamientos de peones rurales que se dieron en esa provincia entre 1921 y 1922 en la denominada «Patagonia Rebelde«.
Este juicio por la verdad busca dar cuenta de la persecución y represión que sufrieron obreros rurales que reclamaban por mínimas condiciones laborales y que «como respuesta» fueron víctimas de detenciones, torturas y asesinatos en manos del Ejército y Gendarmería con la colaboración de civiles y empresarios, bajo el gobierno democrático del entonces presidente Hipólito Yrigoyen.
«Este juicio tan anhelado va a permitir no sólo juzgar, aunque sea simbólicamente, a los responsables de estos crímenes sino conocer y ‘limpiar’ los nombres de las víctimas que eran hombres comunes, trabajadores, que buscaban una mejor condición de vida y que fueron tratados como forajidos«, dijo a Télam Marcelo Serafini quien junto al reconocido historiador Osvaldo Bayer fundó la organización «Ruta de la Huelga 1921«.
«Para tantos familiares de víctimas o para un tipo como (Osvaldo) Bayer, que lamentablemente ya han fallecido, haber visto la llegada de este momento hubiera sido algo magnífico. Las historias que quedan calladas se olvidan pero esta es una historia en puja, viva, no hay pueblo en Santa Cruz que no la tenga presente«, reflexionó Serafini después de un trabajo de décadas en impulsar esta causa.
Por otra parte, la justicia federal santafesina de Reconquista lleva adelante la investigación preliminar por la «Masacre de San Antonio de Obligado» de 1887 para lo que será el primer juicio por la verdad que tratará una matanza indígena del siglo XIX.
Gracias a la colaboración de académicos, la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el material documental probatorio recabado, se desarrolla una reconstrucción histórica de los hechos en pos de poder juzgar los crímenes como parte de un genocidio de Estado, encuadre de delito que permite llevar adelante la causa penal a pesar del tiempo transcurrido.
En esos mismos tribunales y en una fase más incipiente existe una segunda denuncia en relación a la «Masacre de San Javier» perpetrada en abril de 1904, pocos meses antes del final del segundo mandato de Julio Roca, que consistió en la persecución, represión y matanza de más de cien integrantes del pueblo moqoit (mocoví).
