La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó a todos sus asociados que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires (PBA) autorizaron y difundieron este lunes las nuevas bandas arancelarias para los establecimientos educativos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.
Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en PBA los colegios de gestión privada de nivel inicial y primario que tienen hasta el 100% de aportes del Estado para pago de los docentes de la planta básica funcional podrán cobrar $32.880 por mes a partir de abril. Y quienes reciben aportes de hasta el 40% para los sueldos docentes podrán cobrar hasta $148.660. En el nivel secundario será de $36.200 hasta $193.160 pesos. Y los institutos que ofrecen educación Técnica, Agraria o Especializada el Arte tienen una banda de entre $41.790 y $221.070 según se trate de colegios con subsidio de 100% o de 40% respectivamente.
El nuevo cuadro de aranceles que deberán abonar los padres o tutores de alumnos a partir de abril fue avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de PBA. Aiepa había reclamado a las autoridades la actualización a partir del resultado de las paritarias que el Gobierno cerró con los gremios docentes para esta etapa del año.
La Provincia había autorizado un incremento del 3% que se aplicó en marzo, y en 2025 el último movimiento de los valores se autorizó el 30 de septiembre y se aplicó el último trimestre del ciclo pasado.
El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que «estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada. Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado. Pero hay otros costos que los afrontan las instituciones«.
No obstante el dirigente aclaró que «las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo aunque el costo del arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, para que no se altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados«.
Zurita remarcó que en los últimos meses, «hemos advertido nuevos factores que dificultan la administración. Entre ellos el excesivo aumento de las tasas que cobran algunos municipios bonaerenses a los establecimientos educativos, la caída de la matrícula y los desfasajes financieros«.
Ocurre que en muchos casos, los colegios pagan los aumentos que dispone el gobierno sin tener autorizado los ajustes de los aranceles, explicaron en la entidad que agrupa a los institutos de todo el país.
El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires, alcanza casi el 30% de la cobertura educativa y contiene a más de 1.3 millones de alumnos.
De acuerdo con las últimas paritarias acordadas por el Gobierno bonaerense el costo de los salarios que deben pagar los establecimientos aumentó hasta un 17% acumulado en el periodo enero/abril, si se toman en cuenta -además de los porcentajes al básico informados por las autoridades- los aportes no remunerativos que se acordaron en esas mesas de negociación salarial.
En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los colegios privados reciben aporte estatal, lo que implica que los incrementos de cuotas deben ser autorizados por el gobierno provincial. Los colegios con arancel «libre» pueden aplicar aumentos por fuera de este mecanismo.
Cierres de escuelas y caída de matrícula
En los últimos años se han registrado cierres de instituciones educativas privadas, algunas de ellas en el conurbano, otros en CABA y también en la ciudad de La Plata.
Según indicó, se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores.
Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años—, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias que como consecuencia hizo aumentar los porcentajes de morosidad.
“Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, explicó Zurita.
