Luego de una extensa discusión, el proyecto de Ley Bases que el gobierno nacional impulsa para garantizar la reforma del Estado logró la media sanción en diputados y dejó dos escenarios. Uno es el accionar policial que utilizó la violencia contra las personas que se manifestaban afuera del Congreso; el otro es que la aprobación en general no logró el apoyo en particular a las privatizaciones de empresas públicas ni a la reinstalación del impuesto a las ganancias. Ahora, el proyecto debe volver a las manos de los diputados donde el gobierno insistirá en introducir nuevamente esos dos puntos claves.
La votación de anoche, que se realizó pasadas las 22:00 horas salió empatada con los votos de los senadores, por lo que debió participar de la votación la vicepresidenta de la nación y presidenta del cuerpo de senadores, Victoria Villarruel que con su voto terminó volcando a favor del gobierno la media sanción del proyecto. De esta forma también la vicepresidenta emergió como un valuarte para el gobierno nacional de Milei.
Luego vino la votación en particular que no logró mayoría para el capítulo que reingresa el impuesto a las ganancias de los trabajadores de la llamada «cuarta categoría» que son quienes perciben un ingreso bruto de en torno a los 1,8 millones de pesos, cifra que puede parecer en el actual contexto económico un alto ingreso, aunque no lo es. Este impuesto tiene la particularidad además de no ser coparticipable entre las provincias. La otra reforma que no se aprobó fue el capítulo relativo a la privatización de empresas públicas, que ya incluso había sido revisado en el texto que se discutió.
El proyecto ahora debe volver a la Cámara de Diputados para completar la sanción y convertirse en ley. Mientras tanto ninguno de los puntos de este proyecto estará vigente, y tampoco se sabe cuál podría ser la suerte que corra en esa cámara, ya que si tuviera modificaciones estaría obligado a volver al Senado nuevamente.
La tarea no parece completarse fácilmente y hasta en tanto no se apruebe definitivamente el presidente no gozará de poderes especiales ni estará vigente el polémico RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones).
