La comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados tomó declaración ayer a un exadministrador de la Corte Suprema que fuera desplazado, Héctor Marchi, quien denunció graves hechos relacionados al manejo en el máximo tribunal de justicia, entre ellos amenazas y ocultamiento de informes. La comisión realiza un juicio político a los integrantes de la Corte acusados de mal desempeño, incumplimiento de deberes de funcionario, tráfico de influencias en diversos hechos. En esta oportunidad Marchi declaró como testigo en el contexto de la denuncia por el manejo de la obra Social del Poder Judicial (Ospin) y fue desplazado el jueves pasado.
El diputado por el Frente de Todos (FdT) y miembro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, Marcos Cleri, sostuvo que «hubo claramente un desmanejo sideral sin transparencia de los recursos de la obra social que demuestran el mal manejo por parte de (Juan Carlos) Maqueda y de los miembros de la Corte Suprema», afirmó en declaraciones a FutuRöck.
Según Marchi denunció, su desplazamiento del cargo de administrador constituyó «una sanción encubierta» y aseguró que hubo «seguimientos y amenazas contra funcionarios» de los tribunales que habían trabajado con él. El ahora exfuncionario fue desplazado el jueves pasado, luego de presentar un informe de movimientos y el funcionamiento de la obra social para ser presentado a la Comisión de Juicio Político, algo que todavía no sucedió. Ahora Marchi cumple funciones en la Cámara de la Seguridad Social.
«Marchi declaró que fue presionado, amenazado con que lo iban a mandar a Siberia si se hacían públicos los informes», remarcó Cleri, quien, a su vez, anticipó que se va a continuar analizando la situación mañana jueves a partir de las 11 de la mañana, en una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político.
«En los informes se ve cómo la obra social se manejaba sin presupuesto; no tenía contabilidad. No tenia ingresos ni egresos, ni seguimiento de precios bancarios y carecía de una administración», afirmó Cleri.
En su testimonio de ayer en Diputados, Marchi leyó un informe previo a las preguntas de los legisladores, en el que aseguró que su «traslado fue una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas» que trabajan «en la auditoría de la obra social», sobre la cual hubo denuncias de presuntas irregularidades.
En ese sentido, dijo que, «en este tiempo, luego de que esta situación tomó estado público, se han producido un montón de hechos que tienen que ver con mi persona».
