La Secretaria de Energía, Flavia Royon, ha ordenado a la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) que asuma de manera «transitoria» la operación de las centrales hidroeléctricas en la cuenca del Comahue, abarcando las provincias de Neuquén y Río Negro. Esto se debe al inminente vencimiento de las concesiones otorgadas hace tres décadas en el marco del proceso de privatizaciones de los años 90. Los gobiernos de Río Negro y de Neuquén se quejaron de la decisión que no incluyó en la administración a las provincias, un tema que forma parte de las negociaciones. Sin embargo, los activos de las empresas están inscriptos a nombre del Estado nacional.
Estas represas son las primeras cinco de un total de 22 complejos hidroeléctricos cuyos vencimientos de concesión comenzarán a operar a partir de agosto. Asimismo vuelve a estar en el centro del debate el recurso energético, pero también el recurso hídrico. El recurso hídrico es clave y la relación entre las distintas jurisdicciones puede tener un antecedente directo en la disputa entre la provincia de Mendoza y La Pampa donde el presidente de la Nación realizó un laudo que determinó favorable a La Pampa que se veía afectada por la construcción de una represa río arriba. No hay dudas que la administración de los ríos desempeñará a futuro cada vez más un papel preponderante.
Durante la década de 1990 el gobierno del entonces presidente Carlos Menem realizó una amplia política de privatizaciones que implicaba vender empresas y bienes del Estado, o bien cederlos a la administración privada a largos plazos y con bajas condiciones. Ese modelo económico además implicaba despidos en las empresas públicas y la apertura de importaciones que perjudicó notablemente a industrias nacionales. Fue la continuación de una política económica de desindustrializar y endeudar al Estado que se instaló en el país gracias al golpe cívico militar de 1976 y entró en crisis en 2001.
La medida
En una nota dirigida al presidente de ENARSA, Agustín Gerez, la titular de Energía instruyó a la empresa para que tome las medidas necesarias y esté preparada para asumir temporalmente la generación de energía eléctrica de estas centrales, cuyos contratos de concesión expiran en el segundo semestre del presente año.
El proceso de #TransiciónEnergética de la Argentina debe acompañarse con obras de infraestructura estratégicas, como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que permitan aumentar las capacidades de producción y transporte de energía, fomentando el desarrollo del sector. https://t.co/suDLPoAeOa
— Flavia Royon (@FlaviaRoyon) June 6, 2023
Según fuentes oficiales, la nota indica que Enarsa deberá hacerse cargo de la operación «ante la proximidad del vencimiento de las concesiones y a partir de dicha fecha, incluyendo, sin limitaciones, la eventual transferencia de personal y contratos relacionados con dichas centrales«.
Las represas involucradas son Alicurá (1.000 Mw), actualmente operada por AES Argentina; El Chocón (1.200 Mw) y Arroyito (120 Mw), a cargo de Enel Generación; Planicie Banderita (450 Mw), operada por Oroazul Energy, cuyos contratos vencen el 11 de agosto; y Piedra del Águila (1.400 Mw), a cargo de Central Puerto, cuya concesión vence el 29 de diciembre.
Estas represas son las primeras de un total de 22 complejos hidroeléctricos cuyas concesiones comenzarán a expirar a partir de agosto, después de 30 años de gestión privada. Desde el año pasado, se han estado llevando a cabo negociaciones entre el Gobierno Nacional y las provincias, especialmente Neuquén y Río Negro, para determinar el futuro estatus de estos proyectos.
Tras conocerse la instrucción recibida por Enarsa, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de transferir exclusivamente el control de las represas hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén al Estado Nacional. Además, anticipó que impugnará judicialmente la medida, calificándola de «inconstitucional».
Río Negro y Neuquén rechazan la medida
El gobierno de Río Negro también solicitó una reunión urgente con el Ministro de Economía, Sergio Massa, y la Secretaria Royon, para transmitir la posición de la provincia como copropietaria de los recursos hídricos compartidos con otras provincias. Se enfatizó la necesidad de aprobar cualquier decisión relacionada con la gestión del agua en los proyectos multipropósito ubicados en los ríos Limay y Neuquén, con el objetivo de optimizar su uso en aspectos como el control de inundaciones, consumo humano, riego, industria y generación de energía eléctrica.
En este contexto, el Gobierno de Río Negro reiteró su solicitud de avanzar en un acuerdo que establezca la concesión de las centrales en un marco público y compartido entre el Gobierno Nacional, como propietario de las obras, y las provincias, como propietarias del recurso hídrico.
Desde el año pasado, las provincias han estado negociando con el Gobierno Nacional diferentes alternativas para la administración, operación, mantenimiento y explotación de las hidroeléctricas ubicadas en los ríos Limay y Neuquén. Estas discusiones incluyen normas de uso del agua y consideraciones ambientales relacionadas con el recurso.
Ambas provincias patagónicas han incluido en su reclamo la implementación de la denominada Tarifa Comahue, que les permitiría acceder a precios diferenciales en el consumo de energía eléctrica como principales generadores del país. Esto podría significar una reducción de entre el 15% y el 40%.
Sin embargo, la posibilidad de que las provincias asuman el control de las represas enfrenta un obstáculo legal importante debido a que los activos están registrados bajo la titularidad de la Nación.
La decisión de transferir temporalmente la operación de las centrales hidroeléctricas al Estado Nacional ha generado controversia y descontento en las provincias de Neuquén y Río Negro. Mientras que el gobernador de Neuquén rechaza la medida por considerarla centralista e inconstitucional, el gobierno de Río Negro busca una reunión con las autoridades pertinentes para expresar su posición y defender el manejo compartido de los recursos hídricos.
El futuro de estas represas y el manejo de los recursos naturales sigue siendo objeto de debate y negociación entre las provincias y el Gobierno Nacional. Se espera que se encuentre una solución que tenga en cuenta los intereses de ambas partes y asegure un uso sostenible y equitativo de los recursos hidroeléctricos en la región.
Privatizaciones
Quien realizó una amplia investigación que denunció reiteradas veces esas políticas que perjudicaban a los argentinos fue el exlegislador y cineasta Fernando Solanas. Un largometraje destacado es «Memoria del saqueo» que resume de qué forma funcionó aquel modelo económico que impulsó la privatización de recursos y servicios públicos claves para el ejercicio del principio de la soberanía.
