En una masiva manifestación nocturna, encabezada por docentes jujeños, miles de personas salieron a las calles de la capital provincial para repudiar la brutal represión policial ocurrida el martes pasado, luego de la aprobación de la reforma de la Constitución local. La multitudinaria marcha, que contó con la participación de diferentes sectores de la sociedad, reivindicó la genuina protesta y demandó aumentos salariales, así como la derogación de la recién jurada constitución provincial.
Bajo una tenue llovizna, la columna de manifestantes avanzó enérgicamente por las calles de Jujuy portando antorchas y velas en alto, mientras coreaban consignas como «Somos docentes, no somos delincuentes«. Los maestros y maestras denunciaron que el salario básico de un docente de jornada simple apenas alcanza los 35.000 pesos, reafirmando así su reclamo salarial en el decimoséptimo día consecutivo de protestas.
La marcha tuvo lugar después de la cruel jornada del martes, en la que se produjo una violenta represión policial que dejó 170 heridos, uno de ellos en estado grave, y al menos 69 detenidos, incluyendo menores de edad y personas discapacitadas. Hasta el momento, 54 de los detenidos permanecen encarcelados.
Los manifestantes exigieron la liberación inmediata de todas las personas detenidas, quienes recibieron asistencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. En este contexto, se sumaron a la protesta trabajadores mineros y miembros de asociaciones tradicionalistas gauchas a caballo, lo que demuestra la amplitud y transversalidad de la convocatoria, según destacó Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems).
«La expresión del pueblo jujeño renueva sus reclamos con la pretensión de ser escuchado y tener una participación democrática sobre una reforma constitucional que vulnera nuestros derechos«, afirmó Sosa.
Además de los trabajadores estatales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, la movilización nocturna contó con una nutrida presencia de mineros del yacimiento El Aguilar, quienes portaron banderas argentinas y wiphalas, las tradicionales banderas de siete colores. Uno de los mensajes expresados en una pancarta resumía el espíritu de la manifestación: «La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo«.
Las protestas también se extendieron a otras localidades de la provincia, donde se realizaron cortes de ruta en La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, Perico, El Carmen, Libertador San Martin, Fraile Pintado, Caimancito, San Pedro y pequeños parajes puneños.
Visita a detenidos
En la tarde de la jornada del 21 el secretario Pietragalla Corti visitó a las personas que permanecían detenidas en las unidades penales del barrio Alto Comedero de la ciudad capital.
Pidió al gobernador Gerardo Morales «que baje las armas y dialogue con el pueblo», y anticipó la presentación de una denuncia penal en caso de comprobarse que el Gobierno de Jujuy utilizó vehículos de empresas privadas en el operativo policial con prácticas de secuestro.
Afirmó que «muchos están denunciando que fueron detenidos al voleo y eso le he manifestado al fiscal«, por lo que «el Poder Judicial de Jujuy lo que tendría que decidir es liberarlos, no tienen nada que ver con los incidentes«.
Planteó que es «una ilegalidad de la provincia tener a personas demoradas y estar viendo su situación en un penal cuando tendrían que estar en otro lugar acorde a lo que se está tratando«.
Los detenidos en los penales son 42 hombres, 18 mujeres y 4 menores, entre ellos «golpeados y chicos con alguna discapacidad» que recibieron asistencia de la Agencia de Discapacidad, indicó el Secretario, y agregó: «Nos preocupa además que fueron detenidos de la peor manera«.
Por otro lado, anticipó que presentará una denuncia penal de comprobarse que el Gobierno de Jujuy utilizó vehículos de empresas privadas en el operativo policial de ayer: «Se observa en imágenes la patente de una camioneta que es parte de una empresa constructora contratada por el Gobierno para obra pública, pero estamos chequeando«.
Vigencia de la reforma
Casi al mismo momento de la tarde, el Poder Ejecutivo provincial oficializó a través de la publicación en el Boletín Oficial la puesta en vigencia de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy aprobada y jurada en medio de los violentos ataques policiales.
El documento incorpora en su artículo 67 el «Derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica«, uno de los apartados más rechazados por diversos sectores de la sociedad jujeña.
Este capítulo en uno de sus apartados ratifica «la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia«, en relación a las protestas, según indica el texto normativo al que tuvo acceso Télam.
Asimismo, expresa en su inicio que «todas las personas tienen derecho a vivir en una sociedad basada en la paz social, la tolerancia mutua y la convivencia democrática pacífica, libre de violencia e intimidación«.
En relación al artículo 36 sobre la Propiedad Privada en Jujuy, fuertemente rechazado por las comunidades indígenas, la normativa quedó redactada de la siguiente manera: «Esta Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada. Toda persona puede usar, gozar y disponer de sus bienes».
«El ejercicio de este derecho debe ser regular – continúa- y no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas. Con esos fines la ley lo limitará con medidas adecuadas conforme a las atribuciones que le competen al Gobierno Provincial«, agrega.
«La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En caso de juicio, las costas se impondrán siempre al expropiante«, sostiene para luego culminar con el mandato de que «queda abolida la confiscación de bienes«.
En ese contexto, los comuneros apostados en el bloqueo entre las rutas 9 y 52 manifestaron a Télam: «Los pueblos originarios solicitamos la derogación de toda la reforma, como cualquier ciudadano de Jujuy porque nos atraviesa en todos sus puntos«.
Los colectivos nativos reiteraron su desacuerdo con lo tratado en la Carta Magna los tópicos «vinculados al medio ambiente, los recursos naturales, la propiedad privada, el tema electoral«, entre otros por resultar «inconsulta» y «de espaldas al pueblo«.
Específicamente sobre el artículo 50, calificaron de «indignante» el hecho de «volver a una redacción vieja» porque ello «evidencia la falta de voluntad que tiene el gobierno de Gerardo Morales para acordar con las comunidades y todos los jujeños«.
FUENTE: Télam
